Las Naciones Unidas. definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
La violencia basada en género (VBG) es una violación a los derechos humanos y también un problema de salud pública cuyas consecuencias implican costos emocionales, familiares y laborales afectando a la productividad, al clima laboral y bienestar de toda la fuerza de trabajo.
Según datos de la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta situación se agrava en nuestro país, donde alcanzamos la cifra vergonzosa de siete de cada diez mujeres que la viven, lo que nos sitúa en el cuarto lugar de países con altas estadísticas de feminicidios en América Latina y El Caribe.
La violencia contra las mujeres tiene origen en las desigualdades de género y el abuso de poder, esta violencia es ejercida y reproducida principalmente por los hombres que son sustentados por el sistema de dominación patriarcal, mediante la cual se pretende imponer “lecciones” a las mujeres que no cumplen con las expectativas, roles o estereotipos asignados a su sexo.
La protección de todas las personas trabajadoras y, en especial, de las mujeres en los entornos laborales cobra relevancia en el mundo del trabajo post COVID con variables como la digitalización, modelos de trabajo híbridos con mayor impacto por la violencia de las parejas, el ciberacoso. Se trata de situaciones que demuestran una necesidad de sumar esfuerzos en el sector empresarial para apoyar en la eliminación de la VBG, además de crear culturas de tolerancia cero frente a la misma en los espacios laborales.
Según los datos del estudio “Violencia contra las mujeres y productividad laboral en empresa de Bolivia: Prevalencia e impacto en el contexto post pandémico (2021) en el que se realizaron 5.213 encuestas a 13 empresas en las ciudades del eje troncal, los días perdidos representan para un promedio de 19.000 días equivalente a la productividad de 68 trabajadoras durante todo el año.
Las principales consecuencias en las empresas son el ausentismo, disminución del rendimiento y bajas laborales. Además, las mujeres que sufren agresiones ven deteriorada su salud, bienestar físico y mental, sufren estrés, ansiedad, pérdida de autoestima, motivación e incluso pérdida del empleo.
En este contexto y con la convicción de que las empresas pueden ser parte de la solución, se conformó la Comisión de Violencia Basada en Género como parte de la Mesa de Género del Pacto Global. Esta comisión está liderada por Pro Mujer, Fundación VIVA y Laboratorios INTI, contando además la participación de ONU Mujeres y de varias empresas comprometidas con la causa.
Desde la comisión, queremos sensibilizar e incentivar a las empresas para actuar frente a todas las formas de violencia, poniendo a disposición sus esfuerzos, talentos y recursos. Pueden prevenir la violencia usando herramientas que les permitan contar con un diagnóstico o línea base, identificar los problemas que este flagelo genera e implementar iniciativas para abordarlos; comprometerse con la igualdad de género, la diversidad y el respeto en el lugar de trabajo; contar con políticas y procedimientos claros – que incluyan mecanismos de denuncia – de apoyo, además de sumar esfuerzos en campañas y acciones más allá de su propio lugar de trabajo como la iniciativa MujerSegura.
En ese sentido, esta alianza invita a todas empresas y organizaciones a tomar conciencia de la magnitud y costos que representa permanecer indiferentes a esta problemática y entender que pueden ser agentes de cambio para que, con una gestión decidida apoyen en el logro de una sociedad libre de VBG, más justa e igualitaria.